Luego del veredicto de la Corte Suprema, el pasado viernes 3 de junio, los cuatro presos políticos mapuche siguen en huelga de hambre. Ayer (lunes 6), a los 84 días cumplidos, sus familiares se sumaron al ayuno. Mientras tanto, la sentencia del máximo tribunal sigue siendo controvertida por los defensores de los comuneros, expertos y organismos internacionales.
Lunes 6 de junio, los familiares de los presos políticos mapuche en huelga de hambre anunciaron en un comunicado su unión a la huelga de hambre ante la decisión de la máxima instancia jurídica. Se suman para que no se aplique más la Ley Antiterrorista (LAT) a casos que involucren a mapuche en la lucha por sus reivindicaciones ancestrales.
Según el comunicado, la decisión es “iniciar una huelga de hambre en las afueras del Hospital de Victoria, junto a un campamento en el cual nos mantendremos en estado de alerta”. También llamaron a un traslado ciudadano, con carpas, hasta las afueras del establecimiento hospitalario.
Pernoctaron su primera noche de ayuno en una sala de la Universidad Arturo Prat, sede Victoria. Participan en medida de presión el hermano de Héctor Llaitul, además de su pareja, Pamela Pessoa; la vocera y hermana deRamón, Natividad Llanquileo; y la madre de José Huenuche, Juanita Reimán.
PARCIALES RESULTADOS DEL RECURSO DE NULIDAD
La Segunda Sala de la Corte Suprema emitió, el viernes pasado, su veredicto al recurso de nulidad presentado por las defensas de los comuneros mapuche Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Henuche y Jonathan Huillical, en contra de las sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, que les condenaban a entre 20 y 25 años de cárcel.
El máximo tribunal redujo las penas de los cuatros comuneros mapuche, en huelga de hambre desde hace ya 84 días, emitiendo una condena de remplazo. Deberán cumplir en total entre 8 años y un día de cárcel y 14 años y un día por el ataque al fiscal Mario Elgueta, ocurrido durante el 2008 y el asalto con intimidación al latifundista de la región, José Santos Jorquera.
El Observatorio Ciudadano manifestó su preocupación por la aplicación de penas desproporcionadas y excesivas contra comuneros de este pueblo originario. La condena basándose principalmente en el testimonio de un testigo protegido de identidad anónima y en una confesión que, según se denunció oportunamente, habría sido obtenida bajo tortura, todo ello en un procedimiento sustanciado al amparo de la LAT.
Por su parte, la defensora nacional, Paula Vial Reynal, mencionó este lunes en una ceremonia en que rindió cuenta pública de la gestión institucional 2010 de la Defensoría Penal Pública, “el abuso de la prisión preventiva en adultos […]”. Y agregó que considera una vergüenza que el sistema de jusiticia, en Chile, acepte declaraciones de testigos anónimos, lo cual atenta contra las normas del debido proceso.
UNA SENTENCIA CUESTIONADA
El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, sostuvo que el veredicto de la Segunda Sala de la Corte Suprema “es la última palabra y hay que acatarla. Uno aspiraría a que los comuneros dejen la huelga de hambre porque han logrado algo que ellos pretendían, que es rebajar sus condenas”; los abogadores defensores de los cuatro inculpados, tanto como organismos de derechos humanos declararon que el veredicto de la Corte no es suficiente y que apelarán a instancias internacionales.
Pablo Ortega y Adolfo Montiel, respectivamente defensores de Lalitul y Llanquileo, destacaron la eventual paradoja entre la absolución por la Justicia Militar de los comuneros, así como de la Corte de Apelaciones de Concepción y la última sentencia del máximo tribunal.
Para el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Gonzalo Taborga, esta contradicción afecta la solidez del Estado de Derecho en Chile ya que el país queda internacionalmente cuestionado por la falta de concordancia de su legislación interna con los tratados internacionales, indicó Radio U Chile.
Los equipos de Pastoral Mapuche de las diócesis de Los Ángeles, Santiago, Valparaíso, Concepción y Temuco; y de Neuquén y Bariloche –de Argentina- declararon “inaceptable la resolución de la Corte Suprema, porque avala el uso de la LAT a través de la validación del testimonio de testigos sin rostro […]”.
La Comisión de Ética contra la Tortura, anunció el recurso a tribunales internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la dimensión arbitraria de esta Ley que se aplicó en dictadura y que se sigue aplicando especialmente al pueblo mapuche.
ESTADO DE SALUD DE LOS CUATRO HUELGUISTAS
En un informe médico del 6 de junio, el Dr. Juan Carlos Reinao Marilao indicó que los comuneros se encuentran en situaciones de hidratación límite, desnutrición severa y compromiso orgánico moderado a severo.
Trasladados al hospital de Victoria desde la cárcel de Angol, los cuatro comuneros han bajado, desde el inicio de la huelga el 15 de marzo 2011, entre 20 kilos y 100 gramos a 23 kilos 300 gramos.
Este lunes 6, la Corte de Apelaciones de Temuco declaró admisible el recurso de protección interpuesto por el director del hospital, Joaquín Sanzana, para obligar la alimentación intravenosa de los hospitalizados.
Natividad Llanquileo, vocera de los presos políticos mapuche, señaló que los comuneros se opondrán a una medida forzada y que la situación podría poner en grave riesgo a su vida porque frente al débil estado en que se encuentran podría causar un paro cardiaco respiratorio a modo de ejemplo.
NOTICIA EN DESARROLLO
Por Mélissa Quillier
Fotografía: Mauricio Díaz
El Ciudadano
